Gobierno anuncia austeridad en alza salarial para sector público

El Gobierno afirma que la crisis fiscal impedirá pagar este semestre a los 175.000 empleados públicos un aumento salarial que supere la inflación.

Lo anterior significa que solo compensará el alza de los bienes y servicios registrada en los últimos seis meses del año anterior, que fue del 2,41%.

Los ajustes en los sueldos se fijan según la inflación del semestre inmediato pasado.

Sandra Piszk, ministra de Trabajo, alegó que no hay posibilidades económicas para otorgar un porcentaje mayor.

“No se puede ir más allá, estamos en una situación fiscal muy complicada y tenemos que hacer fijaciones salariales totalmente acordes al país”, afirmó.

Sus declaraciones trascienden a seis días de que se inicie la discusión entre Gobierno y representantes gremiales para fijar el ajuste salarial del sector público para el primer semestre del año.

Además, pone fin a la política de la anterior Administración, que concedió ajustes extraordinarios que favorecieron a empleadas domésticas, profesionales y educadores, entre otros.

El Ejecutivo pondrá sobre la mesa de negociación ese porcentaje de alza en los salarios base en momentos en que se avecina la discusión de la reforma fiscal.

Entre otros puntos, este proyecto de ley pretende gravar la educación privada y los servicios de salud particulares, así como subir el impuesto de ventas del 13% actual al 14%.

La posición que anunció Piszk se da cuando hay aumentos en servicios como luz, agua y transportes, y se vislumbran otros en combustibles y gas para cocinar.

Los sindicatos no están de acuerdo con el Gobierno e insistirán en una remuneración mayor al costo de vida.

“Lamentamos mucho que se use el timo de que hay déficit fiscal para mantener salarios bajos y deteriorar la capacidad de compra de los trabajadores”, expresó Édgar Morales, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El tema se discutirá en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de los sindicatos.

Las partes se sentarán a negociar, por primera vez en el año, el próximo martes, a las 2 p. m.

Si no hay acuerdo sobre el monto, el Gobierno definirá el ajuste de forma unilateral y lo ejecutará a través de un decreto que ordena el pago retroactivo al 1.° de enero.

Petición. Édgar Morales anunció que en la negociación pedirán un incremento de salarios adicional para los trabajadores no profesionales, quienes devengan los sueldos más bajos.

Sin embargo, Sandra Piszk descartó aceptar esa petición, también por la restricción fiscal.

La Ministra afirmó que ese tema (los ajustes diferenciados) ya se discutió en la Dirección Nacional de Servicio Civil, pero esa instancia recomendó no otorgarlos.

Entre otras razones, porque al subir el sueldo de las categorías inferiores se reduce la brecha de ingresos con personas que tienen una especialización mayor.

Por su parte, Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), opinó que la reunión no será un escenario de negociación.

“Sabemos que no hay nada que negociar porque lo llevarán listo (el Gobierno). Solo escucharemos lo que digan porque sabemos que no hay margen de negociación”, enfatizó Cedeño.

Piszk, por su parte, recordó que los ingresos de los empleados públicos no se componen únicamente del salario base, sino también de otros incentivos como anualidades y carrera profesional.

Mientras tanto, para los trabajadores del sector privado ya rige un aumento salarial que es del 2,63%.