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martes, 12 de agosto de 2014

La inseguridad y la delincuencia son las críticas más fuertes al Ejecutivo

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La inseguridad y la delincuencia son las críticas más fuertes al Ejecutivo

El 23% de la ciudadanía dice que la falta de seguridad, debido a la criminalidad en auge, es una de las falencias más graves del Gobierno.

La piedra en el zapato del gobierno del presidente de la República, Horacio Cartes, es la inseguridad en las calles, producto de la ola delincuencial que azota al país. Al menos esa es la opinión de la ciudadanía que analizó la gestión del Nuevo Rumbo a un año de administrar el poder.

viernes, 18 de octubre de 2013

Diputados cortaron ¢50 millones a Salud y los destinaron a compra de terreno para asociación de futbolistas

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El diputado Carlos Avendaño justificó el movimiento de ¢50 millones en beneficio de Asojupro alegando que esa entidad apoya a jóvenes futbolistas que carecen de recursos para estudiar.Los diputados le cortaron ¢50 millones al Ministerio de Salud Pública para destinarlos a la compra de un terreno para la Asociación de Jugadores Profesionales de futbol (Asojupro), en el presupuesto ordinario de la República para el 2014.
El movimiento de la partida se dio el 14 de octubre pasado, dos días antes de que la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminara el plan de gastos del Gobierno para el año entrante.

lunes, 9 de septiembre de 2013

Johnny Araya: ‘No vería con malos ojos a Luis Guillermo Solís de canciller’

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 MARCELA BERTOZZIJohnny Araya, candidato del PLN, advierte que Costa Rica requiere un “ajuste fiscal” y que si llega a ser elegido presidente el 2 de febrero del 2014, se abocará a “convencer” de esa necesidad.
También, redondea su oferta de un gobierno de unidad con una atrevida propuesta: considerar a uno de sus rivales, al candidato

martes, 3 de septiembre de 2013

Costa Rica devuelve a su embajador a Managua tras retiro temporal en protesta

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Javier Sancho, embajador de Costa Rica en Managua, junto con el canciller Enrique Castillo.El gobierno de Laura Chinchilla devolvió a Managua a su embajador en Nicaragua, Javier Sancho, luego de un retiro de tres semanas a manera de protesta por las declaraciones del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, sobre la provincia costarricense de Guanacaste.

Sancho regresó a la sede diplomática este lunes y, justo en la noche de ese día, Ortega reiteró en un discurso que se reserva el derecho de reclamar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la soberanía de aquella provincia tica

jueves, 8 de agosto de 2013

Gobierno presupuestó menos dinero para gastos de partidos políticos en elecciones del 2014

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Un nuevo proyecto de reformas electorales presentado  al Congreso permitiría que las  sociedades anónimas presten carros, casas o fabriquen signos externos gratis para los partidos políticos.  |  ARCHIVO.El Gobierno de la República solo presupuestó ¢25.000 millones para financiar los gastos de los partidos políticos en las elecciones presidenciales del 2014.
El Ejecutivo alega que la situación fiscal del país impide disponer de ¢43.000 millones; esto es, el 0,19% de la producción del año trasanterior a los comicios (2012), estipulado

martes, 16 de julio de 2013

La sombra de las protestas acecha a Laura Chinchilla de cara al 25 de julio

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El 25 de julio anterior, diversos grupos reclamaron ante el Gobierno en Nicoya, Guanacaste. | ARCHIVO / CARLOS GONZÁLEZ.La sombra de las protestas persigue de nuevo a la presidenta Laura Chinchilla de cara a la celebración de un acto cívico. Grupos organizados planean manifestarse contra el Gobierno, en Nicoya, cuando la mandataria acuda a conmemorar los 189 años de la Anexión del Partido de Nicoya.
No sería la primer vez. El 11 de abril, al calor del descontento por la concesión de la carretera a San Ramón y de los retenes que la Fuerza Pública montó, se armó una trifulca en Alajuela durante la visita de Chinchilla.

lunes, 29 de abril de 2013

País necesita concesiones, pero falla al ejecutarlas

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¿Está muerto el modelo de concesiones después del reciente fracaso del proyecto vial San José-San Ramón? ¿Será que el Estado no es capaz de sacar adelante los proyectos cedidos a terceros bajo esa figura legal?


Abogados, empresarios y ciudadanos coinciden en que el modelo de concesión de obra pública es válido y necesario en un país pobre. El problema es la incapacidad del sector público para completar un proceso transparente y con una rigurosa supervisión.
El sueño de que San Ramón tuviera una carretera más segura, amplia y con pasos a desnivel, se desmoronó en ocho años de trámites administrativos, ajustes de precios y enormes alzas en peajes.
Los ciudadanos de occidente no soportaron que el proyecto pasara de $197 millones en el 2005 a $524 millones este año. Además, están acostumbrados a pagarle al Estado ¢225 en peajes, pero la concesionaria brasileña OAS iba a cobrarles ¢2.000 por viaje de 58 kilómetros.
¿De quién fue la culpa?
Alejandro Batalla, abogado especialista en Derecho Administrativo, sostiene que la ley de concesiones no tiene deficiencias; el problema es cómo se implementa por parte de los funcionarios públicos.
“La Administración Pública parece que es totalmente incapaz de gestionar este tipo de ley” , dijo en declaraciones a La Nación.
Según sostuvo, el modelo es totalmente válido y exitoso en países como Costa Rica, que si hiciera las obras por cuenta del Estado incurriría en más endeudamiento y arriesgaría su competitividad.
Jaime Molina, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), opina que los funcionarios públicos deben mejorar los procesos de contratación para evitar que sean engorrosos.
“La deficiente elaboración de los carteles de licitación es una debilidad que resta competitividad al país, cuesta dinero y fomenta el despilfarro y la ineficiencia”, dijo en un comunicado de prensa.
Precisamente, luego de superar años de trámites administrativos, se mantienen vivas la concesión de la carretera San José-Caldera y la construcción del aeropuerto de Liberia, en Guanacaste.
Apenas está caminando la construcción de la terminal granelera de puerto Caldera y sin banderazo de salida la terminal de contenedores de Moín.
¿Deficiencias de la ley? Manrique Jiménez, abogado constitucionalista, sostiene que uno de los problemas del modelo de concesión viene desde la ley.
Según cita, es discutible que se permita que el concesionario elegido por licitación pública pueda cederle el contrato a un tercero que no participó en el proceso.
“No necesariamente se le exige al nuevo concesionario, vía contratación directa, los mismos requisitos y antecedentes que al adjudicatario original por la vía de la licitación pública. De esta forma, no solo se da la burla al alcance y sentido de la licitación pública, sino que se favorecen negocios que pueden ser contrarios al interés público”, advierte Jiménez.
Luis Barrientos, exdiputado del Movimiento Libertario y uno de los impulsores de las reformas a la ley de concesiones que hoy está vigente, reconoce que la norma podría ser sujeta a mejoras.
Entre ellas, que haya más controles en la cesión de derechos de los proyectos. 

martes, 23 de abril de 2013

Gobierno rompe concesión de carretera San José-San Ramón

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Luego de mes y diez días de tensiones, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, anunció anoche, mediante cadena televisiva, la ruptura del contrato de concesión con la firma OAS para la reparación y ampliación de la carretera entre San José y San Ramón.


Durante un mensaje de poco menos de nueve minutos, la presidenta informó de que el fin de la relación con la compañía brasileña se dio “por mutuo acuerdo”.

viernes, 15 de marzo de 2013

Puente del Tempisque resiste pese a una década sin cuidados

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En abril del 2013 cumplirá 10 años en uso. En 3.653 días no ha recibido una gota de pintura, no le han quitado los grafitis que lo afean, ni se han preocupado por darle mantenimiento a la estructura.


El nombrado puente de la Amistad –sobre el ancho río Tempisque– resiste, pese a que no parece tener amigos.
En todo este tiempo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes reconoce que no se le ha hecho ninguna intervención, excepto sustituir las señales verticales robadas y mejorar las horizontales.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Gobierno estudia crear un Parque Nacional en el Caribe Norte

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El Gobierno de Costa Rica anunció hoy que estudia la creación de un Parque Nacional en territorio de humedales en el Caribe norte, el cual también incluiría la porción de terreno que se disputa con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, René Castro, declaró hoy a periodistas que el Parque Nacional abarcará unas 14.700 hectáreas de Isla Calero (fluvial) y luego se agregarían las 300 hectáreas en disputa con Nicaragua si la CIJ falla a favor de Costa Rica.

"Estamos terminando de hacer la valoración pero parece tener sentido que esta zona de humedales, que ha sido administrada pasivamente, se convierta en un motor de desarrollo porque generaría agroturismo y ecoturismo, y en esa zona hace falta generar ese tipo de oportunidades", expresó Castro.

Según el ministro, con el Parque Nacional se creará infraestructura que permitirá la visita de turistas, científicos y la presencia de oficiales de seguridad para combatir, por ejemplo, grupos de narcotraficantes que aparentemente operan en la zona.

Castro comentó que aún se está valorando la viabilidad ambiental, económica y social del proyecto y que la propuesta estará lista en unos diez días para que sea analizada por el Gobierno en pleno.

Costa Rica y Nicaragua se mantienen enfrentados desde octubre de 2010, cuando el Gobierno costarricense acusó a su vecino de invadir una porción de su territorio en el Caribe con militares y civiles y de causar daños ambientales en un humedal protegido por convenios internacionales.

Nicaragua construyó allí una suerte de canal para unir las aguas del Río San Juan con las de la laguna Los Portillos, cuerpos de agua de su soberanía.

Ambos países afirman que el territorio en disputa les pertenece y el caso está siendo dirimido en la CIJ, que el año pasado ordenó medidas cautelares como no enviar personal civil, militar o policial a la zona en disputa.

Otra de las medidas otorgó a Costa Rica la protección ambiental del sitio en coordinación con la Convención Mundial de Humedales, conocida como Convención Ramsar.

Castro confirmó este martes que ayer una misión técnica ambiental costarricense ingresó al sitio, llamado por Costa Rica como Isla Portillos, parte de Isla Calero, para realizar labores de "restauración" y valoración de daños.

Además, anunció que cada fin de semana voluntarios costarricenses y funcionarios del Ministerio de Ambiente realizarán labores de protección y restauración ambiental en la franja fronteriza.

viernes, 6 de enero de 2012

Gobierno analiza recortes en gastos sociales para paliar déficit

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El gobierno de Costa Rica evalúa recortes en gastos de programas sociales, como educación, salud y seguridad, de no solucionar el déficit fiscal que afecta al país, advirtió hoy el ministro de Hacienda, Fernando Herrero.

Herrero expresó que tales reducciones se harán si las medidas alternativas al plan fiscal no recaudan los suficientes recursos para paliar el déficit que agobia las arcas públicas.

Explicó en una entrevista publicada en la versión digital del diario La Nación que la administración de la presidenta, Laura Chinchilla, trata de evitar los cortes en esas áreas, porque son los "los sectores que hemos protegido más, pero, si tenemos que seguir recortando, tendremos que recortar ahí", subrayó.

Chinchilla sufrió un revés a finales de 2011 en sus pretensiones de aplicar un controvertido plan de reforma fiscal, luego que la Sala Constitucional impugnó el uso de un trámite expedito en la Asamblea Legislativa.

El paquete propuesto pretendía atraer recursos frescos al fisco, para atenuar una pérdida en las arcas estatales de casi 5,5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Uno de los efectos de las medidas de contención del gasto y ahorro de recursos que plantea el Ejecutivo es el encarecimiento del costo de la vida, especialmente, para la clase media, señaló el periódico.

El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, admitió que la falta de nuevos impuestos empuja al Gobierno a tomar medidas "desagradables".

De acuerdo con proyecciones de organismos internacionales, Costa Rica concluyó este 2011, por segundo año consecutivo, con el mayor déficit (exceso de gastos sobre ingresos, principalmente por impuestos) en América Latina, señaló el rotativo.

martes, 20 de septiembre de 2011

Gobierno cancela deuda al Seguro Social con títulos valores

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El Gobierno de Costa Rica realizó hoy el tercer y último pago de la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por aproximadamente 32 millones de dólares en títulos de deuda interna, informó una fuente oficial.

Con este último desembolso el Gobierno salda con títulos una deuda que tenía con la institución por unos 166,3 millones de dólares, correspondiente a algunas obligaciones como la atención de personas sin seguro social, como los indigentes.

"Cumplimos con la Caja dentro del plazo previsto, reafirmando una vez más el interés del Gobierno por superar las dificultades financieras que enfrenta esta importante institución de Seguridad Social", expresó en un comunicado el ministro de Hacienda, Fernando Herrero.

El ministro abogó porque aparte del pago de esta deuda se busque "una solución estructural" a los problemas financieros y administrativos que enfrenta la CCSS.

El Gobierno realizó los dos primeros pagos, también con títulos valores, en agosto pasado tras alcanzar un acuerdo con la CCSS en el marco de la crisis financiera y administrativa que atraviesa la institución.

Antes del arreglo con el Gobierno, la CCSS tenía proyectado cerrar el año con un déficit de 180 millones de dólares.

El Gobierno mantiene otras deudas con la institución, encargada de los servicios de salud y del sistema de pensiones en Costa Rica, por unos 845 millones de dólares correspondiente al seguro de Enfermedad y Maternidad, atención médica a indigentes y a un acuerdo de pago firmado en 2007.

La situación económica de la CCSS fue analizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que emitió en julio pasado un informe en el que recomendó un recorte de gastos para equilibrar las finanzas.

El Gobierno nombró una comisión especial para analizar la situación de la institución y recomendar soluciones permanentes, mientras la junta directiva de la CCSS pidió la semana pasada la renuncia a los seis gerentes de la entidad para evaluar su labor y buscar responsables de la crisis.

viernes, 6 de mayo de 2011

Presidenta de Costa Rica pide diálogo a grupos opositores

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La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, solicitó el 5 a los diputados de los partidos políticos de oposición mantener una actitud de diálogo y negociación para procurar soluciones a los problemas que enfrenta el país.

La mandataria rindió hoy el informe de su primer año de gobierno ante la Asamblea Legislativa, luego que la falta de acuerdos entre los diputados impidiera que Chinchilla pronunciara su discurso el 1 de mayo, como es tradicional.

La presidenta felicitó al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, el opositor Juan Carlos Mendoza, y a sus compañeros del directorio legislativo por su reciente elección.

"Su nombramiento es producto de un ejercicio democrático y, por lo tanto, merece nuestro más profundo respeto. Les corresponderá a ustedes, desde estos puestos que hoy ostentan y desde cada una de las comisiones que presidirán, demostrarle al país que ese fin común que los une es algo más que rechazo o negación", dijo Chinchilla.

Al controlar la oposición el directorio legislativo, Chinchilla solicitó a los cinco grupos políticos que conformaron una alianza, buscar "espacios de negociación y diálogo" por el bien de Costa Rica.

"Hoy más que nunca debemos construir una política en la que el liderazgo no consista en obstaculizar una idea o en articular una arenga, sino en compartir coincidencias y articular acuerdos que habrán de culminar en el orden de la acción", expresó la mandataria.

Entre los proyectos prioritarios para la administración Chinchilla se encuentra una reforma fiscal con la que pretende aumentar la recaudación en un 2,5 por ciento y enfrentar el creciente déficit en las finanzas públicas.

Sin embargo, la mayoría opositora en el Congreso ha dicho que este plan no tiene viabilidad en su agenda, por lo cual el gobierno deberá negociar con cada grupo por separado si desea un acuerdo.

viernes, 28 de enero de 2011

Gobierno decretará aumento de 2,33% para sector público

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El Gobierno Central informó anoche la decisión de aumentar un 2,33% a todos los empleados públicos, a pesar de la oposición de los sindicatos y del final de las negociaciones sin un acuerdo.

El Ministerio de Trabajo envió un comunicado en el que se informa de que todos los trabajadores públicos recibirán un aumento de 2,33%, y que se hará por decreto ejecutivo, pues no se llegó a un acuerdo con los sindicatos.

El ajuste se pagará en la segunda quincena de febrero y será retroactivo al 1°. de enero del año. Se da la excepción del Ministerio de Educación Pública, cuyos empleados recibirán el aumento en la segunda quincena de marzo.

“El Gobierno de la República ha sido claro al reiterar que la situación fiscal que enfrenta el país no permite hacer incrementos salariales mayores al costo de vida”, explicó Trabajo en el boletín.

“Nuestra posición es que, mientras la situación fiscal no mejore, es necesario buscar mejores mecanismos de redistribución salarial que beneficien a los sectores más desprotegidos”, afirmó la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, según se consigna en el comunicado.

Sindicatos molestos. Los sindicatos de trabajadores recibieron la noticia con inconformidad, dijo Édgar Morales, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

"Nosotros como ANEP y todo el movimiento sindical rechazamos tajantemente la lamentable decisión de Laura Chinchilla (presidenta de la República) de seguir cargando sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras la supuesta carga fiscal”, dijo el representante.

Morales agregó que se convocaría a una reunión de sindicatos el lunes, a las 5 p. m., en las instalaciones de APSE, para determinar las medidas por seguir.

“Quebrar esta nefasta política salarial, solo será posible con grandes movilizaciones en la calle”, expresó Morales.

El Gobierno había emitido una directriz que obliga a los ministerios e instituciones descentralizadas a no exceder el aumento salarial semestral que se fijaría, por lo que la cifra de 2,33% será válida para casi todo empleado estatal.

jueves, 20 de enero de 2011

Gobierno anuncia austeridad en alza salarial para sector público

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El Gobierno afirma que la crisis fiscal impedirá pagar este semestre a los 175.000 empleados públicos un aumento salarial que supere la inflación.

Lo anterior significa que solo compensará el alza de los bienes y servicios registrada en los últimos seis meses del año anterior, que fue del 2,41%.

Los ajustes en los sueldos se fijan según la inflación del semestre inmediato pasado.

Sandra Piszk, ministra de Trabajo, alegó que no hay posibilidades económicas para otorgar un porcentaje mayor.

“No se puede ir más allá, estamos en una situación fiscal muy complicada y tenemos que hacer fijaciones salariales totalmente acordes al país”, afirmó.

Sus declaraciones trascienden a seis días de que se inicie la discusión entre Gobierno y representantes gremiales para fijar el ajuste salarial del sector público para el primer semestre del año.

Además, pone fin a la política de la anterior Administración, que concedió ajustes extraordinarios que favorecieron a empleadas domésticas, profesionales y educadores, entre otros.

El Ejecutivo pondrá sobre la mesa de negociación ese porcentaje de alza en los salarios base en momentos en que se avecina la discusión de la reforma fiscal.

Entre otros puntos, este proyecto de ley pretende gravar la educación privada y los servicios de salud particulares, así como subir el impuesto de ventas del 13% actual al 14%.

La posición que anunció Piszk se da cuando hay aumentos en servicios como luz, agua y transportes, y se vislumbran otros en combustibles y gas para cocinar.

Los sindicatos no están de acuerdo con el Gobierno e insistirán en una remuneración mayor al costo de vida.

“Lamentamos mucho que se use el timo de que hay déficit fiscal para mantener salarios bajos y deteriorar la capacidad de compra de los trabajadores”, expresó Édgar Morales, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El tema se discutirá en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de los sindicatos.

Las partes se sentarán a negociar, por primera vez en el año, el próximo martes, a las 2 p. m.

Si no hay acuerdo sobre el monto, el Gobierno definirá el ajuste de forma unilateral y lo ejecutará a través de un decreto que ordena el pago retroactivo al 1.° de enero.

Petición. Édgar Morales anunció que en la negociación pedirán un incremento de salarios adicional para los trabajadores no profesionales, quienes devengan los sueldos más bajos.

Sin embargo, Sandra Piszk descartó aceptar esa petición, también por la restricción fiscal.

La Ministra afirmó que ese tema (los ajustes diferenciados) ya se discutió en la Dirección Nacional de Servicio Civil, pero esa instancia recomendó no otorgarlos.

Entre otras razones, porque al subir el sueldo de las categorías inferiores se reduce la brecha de ingresos con personas que tienen una especialización mayor.

Por su parte, Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), opinó que la reunión no será un escenario de negociación.

“Sabemos que no hay nada que negociar porque lo llevarán listo (el Gobierno). Solo escucharemos lo que digan porque sabemos que no hay margen de negociación”, enfatizó Cedeño.

Piszk, por su parte, recordó que los ingresos de los empleados públicos no se componen únicamente del salario base, sino también de otros incentivos como anualidades y carrera profesional.

Mientras tanto, para los trabajadores del sector privado ya rige un aumento salarial que es del 2,63%.

miércoles, 12 de enero de 2011

Gobierno anuncia recorte en gasto y descarta abrir plazas

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El Gobierno anunció ayer que aplicará un recorte de gastos para ahorrarse unos ¢40.000 millones este año, al tiempo que decidió no contratar más personal por tiempo indefinido.

En forma paralela, el Ministerio de Hacienda impulsará un conjunto de medidas que le permitan mejorar la recaudación de impuestos, con el fin de captar ¢50.000 millones adicionales en forma anual de aquí al 2014.

Fernando Herrero, ministro de Hacienda, argumentó que estas medidas son necesarias para contener el déficit fiscal (exceso de gastos sobre ingresos), el cual superó el 5% del producto interno bruto (PIB) el año pasado y se convirtió en el más alto entre 20 países de la región.

El jerarca dijo que el país está endeudándose para pagar los salarios de los empleados públicos y lo comparó con una familia que ve descubiertas sus necesidades, al perder los ingresos de un salario.

La Administración hizo el anuncio de los recortes a menos de una semana de enviar al Congreso un proyecto de reforma fiscal, con el cual Hacienda espera obtener recursos equivalentes al 2,5% del PIB (¢464.000 millones).

Ese proyecto incluye gravar con el impuesto de ventas los servicios de educación y salud privados, así como subir la tarifa del impuesto de ventas de un 13% a una cifra todavía no definida.

Algunos grupos como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) habían anunciado su oposición a la reforma, si Hacienda no demostraba que controlaba el gasto y la evasión fiscal.

Pasan tijera. Dentro de las medidas de contención de gasto enumeradas ayer, el Gobierno dijo que recortará en un 20% varias partidas del presupuesto del 2011 hasta ahorrarse ¢15.500 millones.

Entre ellas, están rubros como publicidad, consultorías, viajes dentro del país, vestuarios y textiles, así como alimentos y bebidas.

Sobre la decisión de no abrir más plazas, el Gobierno agregó que tampoco se llenarán los puestos que estén vacantes y esta directriz se extenderá a instituciones descentralizadas, como los Institutos de Acueductos y Alcantarillados y Mixto de Ayuda Social.

Solo las carteras de Seguridad y Educación estarán exentas de la medida, así como los programas que se consideren estratégicos.

El Ejecutivo además promoverá la movilidad laboral horizontal. Herrero explicó que si una institución considera que ya no necesita cierta cantidad de funcionarios, estos serán trasladados a otra entidad que sí requiera más personal.

Además, se ordenó a todas las instituciones evaluar qué propiedades tiene y cuáles están ociosas, con el propósito de vender las innecesarias para generar recursos.

Otra medida consiste en volver a colocar bonos de deuda pública en el mercado internacional, para lo cual necesita permiso legislativo.

Herrero comentó que, en este momento, el mercado externo ofrece mejores condiciones, lo que permitirá deshacerse de bonos transados aquí que resultan más caros.

También, se pretende que el Estado haga grandes compras de insumos que hoy diversas instituciones compran por separado, con lo que se ahorrarían ¢2.000 millones.

Por ejemplo, en lugar de que muchas entidades compren papel, el Estado haría una sola compra.

Según Hacienda, estas y otras medidas de contención permitirán ahorrar un monto anual equivalente al 0,20% del PIB.

Mejor cobranza. Con una mejoría en la recaudación de impuestos, el Gobierno se propone generar al año un 0,25% adicional del PIB entre el 2011 y el 2014, lo que generaría ¢200.000 millones de más.

Para ello, se aumentará en un 20% el número de inspecciones de declaraciones de impuestos.

Por otro lado, se espera recaudar ¢25.000 millones más al agilizar la resolución de conflictos entre contribuyentes y Hacienda.

También, se creará un sistema de puntos para promover el uso de tarjetas de crédito y débito, pues el Estado alega que es más fácil controlar a los comercios que cobran con esos medios de pago.

En tanto, se actualizará el valor de los bienes inmuebles.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Decreto exige orden para telecomunicaciones

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Mediante un decreto, el Gobierno exige agrupar, a través de la página web www.telecom.go.cr, las competencias de las entidades públicas que intervienen en el ámbito de las telecomunicaciones.

Según la edición del diario oficial La Gaceta, del 8 de setiembre, el objetivo de la resolución es atender de manera coordinada y expedita la tramitación requerida para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, así como la ampliación de redes y su debida estructura.

Hannia Vega, viceministra de Telecomunicaciones, explicó que el decreto se refiere a la segunda de tres etapas, las cuales buscan simplificar los trámites relacionados con las telecomunicaciones.

“Esta segunda etapa lo que hizo fue agrupar vía decreto qué es específicamente el trámite que se debe establecer y cómo se debe realizar, además de cuáles procesos son paralelos, de forma tal que cualquier interesado en materia de telecomunicaciones tenga un proceso específico, transparente y con requisitos establecidos”, dijo Vega.

Actualizada. Para llevar a cabo esta medida, el Viceministerio de Telecomunicaciones facilitará en el portal electrónico la base de datos actualizada con los trámites y requisitos para las instituciones públicas interesadas.

Por ello, con esta herramienta se pretende guiar a los involucrados durante el proceso de tramitación de acuerdo con la aplicación de la estrategia de reducir gestiones.

“En la web están todos los procedimientos que hasta el momento existen, los trámites en línea estarán listos en diciembre y eso va a coincidir con la tercer fase y final que es el Gobierno Digital”, manifestó Vega.

Además, en el decreto se especifica que como garantía de que la base de datos se mantenga actualizada, las instituciones remitirán la información de trámites y requisitos cuando así lo solicite el Viceministerio de Telecomunicaciones.

lunes, 5 de julio de 2010

Agradecen al Presidente Uribe

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Los colombianos realizaron marchas en varias ciudades del país para agradecer al presidente Álvaro Uribe por su gestión al frente del Gobierno durante los últimos ocho años, en coincidencia con el cumpleaños número 58 del mandatario.

"Esto es poquito. Él se merece mucho más", dijo a las televisiones locales una ciudadana que se sumó a la movilización en Bogotá, la capital, donde se congregaron para expresar su agradecimiento a Uribe unas 300 personas.

También hubo marchas, ninguna multitudinaria, en otros lugares del país como Pereira (centro-oeste) y Medellín (noroeste), ciudad donde el 4 de julio de 1952 nació el mandatario, quien mantiene una popularidad en torno al 70% cuando solo le queda un mes para dejar el poder.Precisamente Uribe dirige hoy desde Medellín su consejo comunal de Gobierno número 301, en cuyo comienzo fue homenajeado con una serenata con motivo de su cumpleaños.

La movilización de este domingo fue impulsada a través de la red social Facebook por un grupo de universitarios colombianos con apoyo de la empresa privada.

La idea de hacer estas marchas surgió, como recuerda el grupo en Facebook, “ante la decisión de la Corte Constitucional” de tumbar el referendo que le hubiera permitido a Uribe aspirar a una segunda reelección consecutiva.

A principios de este año, la Corte Constitucional negó a Uribe la posibilidad de presentarse como candidato para optar a una segunda reelección en los comicios del pasado 30 de mayo, al no dar su visto bueno a una Ley de Referendo por la que los colombianos se habrían pronunciado al respecto.

Asesoría para el Gobierno en violencia juvenil

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El Gobierno convocará a un grupo de expertos en materia de violencia juvenil del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y Ministerio de Educación, con el fin de evaluar que tipos de controles deben mejorarse en las escuelas y colegios del país.

Así lo manifestó la presidenta de la República, Laura Chinchilla, quién expreso que hechos como el ocurrido el miércoles anterior, donde un estudiante de décimo año disparó en la cabeza a la directora del Colegio Montello en Heredia, es un hecho trágico que debe poner las barbas en remojo, no sólo de las autoridades, sino de toda la población.

El grupo interdisciplinario sería el encargado de elaborar nuevos protocolos o manuales para la atención de este tipo de emergencias en los centros de estudio públicos y privados del país.

“Este es un tema que ha golpeado mucho a los costarricenses, por lo que conversé con la familia de la directora y con la familia del joven agresor y ambos estuvieron de acuerdo en participar de una campaña nacional en contra de la violencia juvenil”, expresó la mandataria.

Para Chinchilla, no basta con enviar los jóvenes a la cárcel, hay que trabajar en el núcleo familiar y las comunidades, “hay que apostar a los sistemas de prevención de la violencia.

viernes, 2 de julio de 2010

El gobierno impulsará una Ley de Tránsito más flexible

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El gobierno y el Movimiento Libertario impulsarán una Ley de Tránsito más flexible en lo que respecta a normativa, lineamientos y materia sancionatoria.

Este fue el principal resultado de la “sesión de trabajo”, sostenida por más de dos horas en Casa Presidencial, entre la presidenta Laura Chinchilla; el ministro de la Presidencia, Marcos Vargas; la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, Viviana Martín; y los 9 congresistas libertarios.

El ministro Vargas dijo que no consideraban prudente reavivar una discusión nacional alrededor de la creación una nueva de Ley de Tránsito, sin embargo en una consulta realizada a jueces y expertos en el tema encontraron 39 inconsistencias en la normativa actual.

“No queremos una Ley de Tránsito draconiana. Esperamos dar seguridad jurídica a los costarricenses, no importar modelos de afuera que no se ajustan a nuestra realidad en materia vial o sancionatoria”, expresó el jefe de la fracción libertaria, Danilo Cubero.

Según Carlos Góngora, congresista del Movimiento Libertario, al menos ¢8 mil millones en multas se encuentran acumulados en el Consejo de Seguridad Vial, producto de la ley actual, que no han podido ser cancelados por miles de costarricenses.

Entre las reformas impulsadas por los libertarios en materia vial se encuentran: cero tolerancia al grado de alcohol permitido en sangre, la utilización de vehículos de uso discrecional, el fomento a la importación de vehículos usados y la reducción de las multas a la mitad de su monto actual.